El año pasado, la Agencia Tributaria realizó un total de 31.313 derivaciones de responsabilidad y otras exigencias deudas a terceros, un 7,7% más que en 2021.

Asimismo, en 2022 la Agencia Tributaria ejercitó 1.101 acciones judiciales, un 6,3% más que en 2021, fundamentalmente acciones civiles y concursales.

La propia Agencia Tributaria ha reconocido su intención de mantener la presión, por lo que cabe esperar que esta tendencia al alza en las actuaciones administrativas y judiciales se mantenga este año y los siguientes. Como consecuencia de las derivaciones de responsabilidad por vía administrativa, la Agencia Tributaria consiguió en 2022 el cobro de deudas por importe de 580 millones de euros, un 31,5% más que en 2021.

Los seguros de D&O cubren la responsabilidad tributaria subsidiaria de los administradores o altos cargos, previa declaración de impago del deudor principal (la sociedad), cuando no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones, en los términos del art. 43 de la Ley General Tributaria. Por tanto, no cubren las derivaciones de responsabilidad a los administradores como responsables solidarios de la deuda tributaria, cuando éstos sean causantes o colaboren activamente en la comisión de una infracción tributaria (art. 42 LGT).

En todo caso, en el actual contexto de incertidumbre debemos estar preparados para afrontar un aumento de las reclamaciones por responsabilidad tributaria de los administradores y para concienciar a nuestros clientes sobre la importancia de contar con una protección adecuada a través del seguro de responsabilidad de administradores y altos cargos, conocido como seguro de D&O.